La participación de Bolivia en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 quedó envuelta en una polémica luego de que el reconocido atleta, Bruno Rojas, anunciara públicamente su renuncia al evento y denunciara que los deportistas debían asumir parte de los gastos para representar al país. Sin embargo, desde el Gobierno negaron que el Viceministerio de Deportes haya solicitado dinero a los atletas y aseguraron que existe una confusión que debe ser aclarada.
Rojas cuestionó que los deportistas nacionales tengan que cubrir costos relacionados con su participación en los Juegos. Según su denuncia, se les comunicó que solo siete atletas tendrían sus gastos cubiertos, mientras que otros debían asumir montos de 450 dólares por una alternativa terrestre o 850 dólares por una opción aérea, además de contemplar gastos de inscripción y uniforme.
“Pagar mi pasaje no es novedad, pero pagar también mi uniforme y la inscripción, esa es una muestra de que el deporte nacional va en decadencia”, expresó Rojas, quien decidió dar un paso al costado y no participar en la competencia internacional.
La denuncia generó una respuesta inmediata del Viceministerio de Deportes. Roberto Bustamante negó que su institución haya pedido a los deportistas pagar esos montos y explicó que el Gobierno incrementó de 400.000 a 600.000 bolivianos el presupuesto destinado a la participación nacional. De acuerdo con la autoridad, esos recursos están destinados principalmente a cubrir los pasajes aéreos de los equipos bolivianos.
Bustamante también sostuvo que los deportistas no deberían asumir esos costos y apuntó a una posible falta de coordinación entre las instituciones involucradas. “Los deportistas no deben estar cubriendo estos costos, para eso están las instancias llamadas por ley”, afirmó, al tiempo que señaló que buscará conversar con el Comité Olímpico Boliviano para esclarecer lo ocurrido.
El conflicto también expuso las diferencias presupuestarias entre la solicitud del Comité Olímpico Boliviano y los recursos disponibles. Según Bustamante, el COB había solicitado cerca de 5,5 millones de bolivianos para una delegación de aproximadamente 350 deportistas y 150 acompañantes, una cifra que el Gobierno considera elevada frente a sus posibilidades actuales.
Así, la polémica queda abierta: por un lado, Bruno Rojas sostiene que las condiciones comunicadas a los atletas hicieron inviable su participación; por otro, el Gobierno asegura que nunca instruyó a los deportistas pagar esos gastos y que ya destinó recursos para la delegación. Ahora, la atención está puesta en el COB y las federaciones para determinar cómo se comunicaron las condiciones de participación y quién debía asumir finalmente los costos.
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